Declaración de Torres sobre el Nuevo Acuerdo de Seguridad entre los Estados Unidos y los Gobiernos del Triángulo Norte
WASHINGTON, DC - Hoy, la representante estadounidense Norma J. Torres (D-CA) emitió la siguiente declaración después del anuncio de Kirstjen Nielsen, la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que los Estados Unidos y los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador acordaron a una serie de medidas de cooperación de seguridad en la región:
"Estoy sumamente preocupada sobre esta propuesta, ya que cualquier intento de aumentar la asistencia de seguridad a Centroamérica sin un compromiso firme de combatir la corrupción y fortalecer las instituciones está condenado al fracaso. Mientras las fuerzas de seguridad de la región estén involucradas con el narcotráfico y el crimen organizado, simplemente proporcionar más asistencia y capacitación no va a producir los resultados que queremos. Un soldado bien armado y entrenado que trabaja para los carteles sigue siendo un soldado que trabaja para los carteles. Demasiadas personas de Centroamérica ya han sufrido a manos de fuerzas de seguridad corruptas y abusivas; están exigiendo justicia, no un cheque en blanco para los soldados y la policía.
"El nuevo acuerdo es un recordatorio de que el Departamento de Seguridad Nacional no debe involucrarse en la política exterior. Ya es hora que el Departamento de Estado reafirme su papel principal en la política de Estados Unidos sobre Centroamérica. Para empezar, el Departamento de Estado necesita con urgencia nombrar un Embajador calificado para Honduras; tomar una decisión sobre si emitir las certificaciones para los fondos del año fiscal 2018 de Centroamérica; y de inmediato entregar la lista vencida de funcionarios corruptos que el Congreso exigió a través de mi enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2019, la cual debia haberse entregado en febrero del año corriente".
Torres es miembro de los Comités de Asignaciones y Reglas en la Cámara de Representantes. A principios de este mes, presentó el Guatemala Rule of Law Accountability Act para autorizar sanciones contra los funcionarios guatemaltecos que hayan cometido actos de corrupción, obstruido la justicia, utilizado mal el equipo proporcionado por los Estados Unidos, desobedecido los fallos del Tribunal Constitucional de Guatemala y interferido en los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos. El año pasado, presentó la ley H.R. 5501, el End Corruption in the Northern Triangle Act. Una parte de ese proyecto de ley requiere que el Secretario de Estado envíe al Congreso una lista de funcionarios corruptos en Honduras, El Salvador y Guatemala; el requisito de la lista se adoptó como la Sección 1287 de el National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019, que el Presidente Trump firmó como ley el 13 de agosto de 2018.