La Ley de Sueños y Promesas es necesaria para prevenir una mayor inestabilidad en Centroamérica
La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Sueños y Promesas. Este proyecto de ley histórico brindará alivio y un camino a la ciudadanía a más de un millón de personas que ya han construido sus vidas en los Estados Unidos. Cuando voté a favor de este proyecto de ley, pensé en los muchos jóvenes de mi distrito que han beneficiado por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, cuyas vidas se han mantenido en un compás de espera por la decisión de la administración de Trump de cancelar el programa. También pensé en un joven ciudadano de los EEUU que se reunió conmigo para decirme que todo lo que quería era terminar la escuela secundaria en este país, y que temía que sus padres fueran deportados si el Status de Protección Temporal, o TPS, fuera cancelado.
El Senado debe incluir este proyecto de ley en la agenda para debate y votación de inmediato, y el Presidente debe firmarlo como ley, por muchas razones. Tendría muchos beneficios para nuestra economía y para las comunidades a través del país. Pero una razón para aprobar este importante proyecto de ley no ha recibido suficiente atención: la Ley de Sueños y Promesas es necesaria para prevenir una mayor inestabilidad en Centroamérica.
Además de darle a los Soñadores un camino hacia la ciudadanía, la Ley de Sueños y Promesas también ofrecería una oportunidad para que los beneficiarios de TPS que ya se encuentran en los EE UU se conviertan en residentes permanentes. Los beneficiarios de TPS provienen de 13 países, pero la mayoría clara, más de 300,000, provienen de El Salvador y Honduras. Algunas personas pueden argumentar que darles a los beneficiarios de TPS y a los Soñadores un camino hacia la ciudadanía solo motivará la inmigración ilegal, porque creará la expectativa de que los inmigrantes que llegan ahora recibirán algún tipo de amnistía en el futuro. Hay muchas razones por las cuales las personas vienen a los Estados Unidos, y la razón más importante es que esta es una tierra de libertad y oportunidades. Pero una pregunta más significante que se debe hacer es: ¿por qué tantos centroamericanos deciden desarraigar sus vidas y abandonar a sus familias? La realidad es que estos países ya sufren de niveles altísimos de corrupción, pobreza, narcotráfico y violencia por parte de las pandillas. Sus frágiles economías dependen en gran medida de las remesas, incluso de los beneficiarios de TPS.
La administración Trump sabe esto. En un documento interno obtenido por el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, el Departamento de Estado dijo que cancelar al TPS para Honduras agregaría "decenas de miles de retornados a una economía que no está preparada para integrarlos, solo exacerbará el principal motor de la inmigración ilegal". Igualmente, el Departamento dijo que, si se cancelara el TPS, El Salvador "se vería obligado a dedicar todos los recursos disponibles a recibir a sus nacionales, lo que socavaría las metas estadounidenses de mediano a largo plazo en El Salvador, lo que podría conducir a un aumento de la migración ilegal de El Salvador a los Estados Unidos".
En última instancia, veríamos el impacto de cancelar el TPS en nuestra propia frontera. Ya hay un número cada vez mayor de migrantes que solicitan asilo, los niños ya están muriendo bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, o CBP, seis solo este año, CBP ya está estableciendo ciudades carpa para albergar el creciente número de llegadas en su mayoría guatemalteca y el Congreso ya está considerando la solicitud de la administración de un proyecto de ley de financiamiento multimillonario para hacer frente a la situación. Imagine cómo sería la frontera si viéramos una nueva ola de migración desde Honduras y Salvador.
Por el momento, la crisis del TPS ha sido suspendida por las cortes, pero esto podría ser anulado en cualquier momento, lo que conllevaría la deportación de cientos de miles de beneficiarios de TPS que han estado aquí por décadas.
Abordar las causas de la migración no es fácil. Requiere tiempo, recursos y una buena disposición para pedirles cuentas a los gobiernos corruptos. Podemos tener un debate razonable sobre qué soluciones son las más efectivas. ¿Pero actuar para evitar que la situación empeore? Eso no se debe pensar dos veces.
Norma Torres es congresista del distrito 35 de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
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Congresista Norma J. Torres