Congresistas demócratas presentan proyecto de ley para abaratar el costo de la ciudadanía
Un grupo demócrata integrado por seis senadores y seis representantes presentaron este jueves en ambas cámaras del Congreso un proyectó de ley para hacer "más accesible" la ciudadanía estadounidense reduciendo los costos del proceso.
Liderados por el senador Bob Menéndez (Nueva Jersey) y la congresista Norma Torres (California), la iniciativa, denominada Ley de Ciudadanía Asequible (Citizenship Affordability Act), preservaría y expandiría el acceso a la naturalización al asegurar que residentes legales elegibles para convertirse en ciudadanos, pero con restricciones económicas, "puedan acceder a las exoneraciones de los costos de la aplicación o reducir el costo de la misma", indicó la oficina de Menéndez.
El proyecto asoma poco después que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) finalizó la revisión de tarifas, de acuerdo con un mandato del Congreso que se lleva a cabo cada dos años, y revisa si mantiene o ajusta los precios de los servicios que brinda, entre ellos la naturalización.
Además de Menéndez el plan cuenta con el respaldo de los senadores Catherine Cortez Masto (Nevada) y Kamala Harris (California). El plan de la Cámara Baja también cuenta con el apoyo de los legisladores Adriano Espaillat (Nueva York) y Jesús 'Chuy' García (Illinois).
Por qué lo hacen
Los patrocinadores del proyecto de ley indicaron que el acceso a la ciudadanía no debería depender de la capacidad de pago o ingresos del residente que califica para solicitar el beneficio migratorio.
"Convertirse en ciudadano estadounidense no debería depender de poder pagar una costosa aplicación", dijo el senador Menéndez. "El hacerse ciudadano promueve la integración, responsabilidad cívica y el sentido de comunidad, lo que finalmente beneficia a todos los estadounidenses", agregó.
El último incremento de la tarifa de ciudadanía, trámite que se lleva a cabo por medio del formulario N-400, se registró el 23 de diciembre de 2016 de $595 a $640 dólares.
A esta cantidad de suma un pago de $85 por la toma de huellas digitales biométricas, más los costos asosiacos a consultoria legal que emplee elsolicitante.
"Para muchos aspirantes a convertirse en ciudadanos, los altos costos de la aplicación de naturalización son un obstáculo para lograr esta meta. Nuestro proyecto de ley busca eliminar ese obstáculo para futuros ciudadanos", precisó Menéndez.
Sueño al alcance de todos
Por su parte, la representante Torres dijo que "desafortunadamente, el alto costo del proceso de naturalización puede ser una barrera financiera para muchos residentes permanentes legales".
Agregó que el proyecto de ley presentado "ayudará a hacer el proceso más accesible para mantener el sueño americano al alcance de todos quienes califican" para convertirse en ciudadanos estadounidenses".
De acuerdo con datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), en el primer tercio del año fiscal 2019 (1 de octubre al 31 de diciembre del año pasado), la agencia recibió 189,410 solicitudes de ciudadanía, aprobó 174,109 peticiones y denegó 21,957. Quedaron pendientes 727,740 solicitudes N-400, que sirve para hacerse ciudadano.
A los $725 por persona que cobra el USCIS por el trámite (formnulario N-400 más la toma de huellas biométricas), muchos inmigrantes deben agregar costos adicionales tales como los de otros familiares que reúnen requisitos para convertirse en ciudadanos, asesoría legal por parte de abogados, así como clases de inglés y de preparación cívica.
Los autores del proyecto señalan además que los residentes legales elegibles para aplicar a la ciudadanía y con ingresos menores al 150% del nivel federal de pobreza pueden solicitar una exoneración completa, o una exoneración parcial para quienes ganan menos del 200% del nivel federal de pobreza. "Sin embargo, USCIS está proponiendo un cambio en los requerimientos para estas exoneraciones, lo que limitaría el acceso a la naturalización".
Apoyos externos
Además del respaldo del grupo de congresistas demócratas, la Ley de Ciudadanía Asequible cuenta con el apoyo del Fondo Educativo NALEO, UnidosUS (ex Consejo Nacional de La Raza), el National Partnership for New Americans, HIAS Pennsylvania, el Refugee Women's Alliance, Dream Big Nevada y el American Friends Service Committee New Jersey.
"Aplaudimos la introducción de la Ley de Ciudadanía Asequible por parte del senador Menéndez y la congresista Torres. La ciudadanía no debe tener como premisa un nivel de ingresos o un privilegio solo para aquellos con recursos significativos," dijo Laura Vazquez, representante de UnidosUS . "Los beneficios de la ciudadanía son significativos y no se debe impedir que los elegibles presten juramento a este país debido a la imposibilidad de pagar una tarifa innecesariamente alta", añadió.
A su vez, Joshua Hoyt, director ejecutivo de la Asociación Nacional para los Nuevos Americanos (NPNA), dijo que la inciativa "garantiza que nuestras comunidades no sean excluidas de la ciudadanía" y que para ganarla se debería medir "el amor y el compromiso de quienes califican y no el dinero tiene en su cuenta bancaria".
Hoyt criticó además los esfuerzos que lleva a cabo Stephen Miller, asesor del presidente Donald Trump, quien propone eliminar las exenciones de la tarifa de naturalización, entre otras restriccciones migratorias dentro de un cuestionado plan migratorio basado en méritos.
La Casa Blanca también propuso en octubre del año pasado moficicar la regla de carga pública,plan que abriría la puerta para la deportación de residentes legales permanentes.
El proyecto de reglamento, publicado en el Registro Federal, recibió el comentario público y que está siendo evaluado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), utilizaría una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han usado beneficios públicos, tal como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos (food stamps), ayuda para vivienda o Medicaid.
Para aprobar una ley en el Congreso se necesitan 218 votos en la Cámara de Representantes (controlada por los demòcratas con 235 asientos) y 60 en el Senado (controlado por los republicanos con 53 curules) . En la Cámara Alta el proyecto necesita respaldo bipartidista.
Source: Jorge Cancino