Congresswomen Escobar and Torres Lead Letter Urging Treasury and State Departments to Impose Targeted Sanctions Against Individuals Responsible for Human Rights Abuses of Environmental Defenders
WASHINGTON – Today, Congresswomen Veronica Escobar (TX-16) and Norma J. Torres (CA-35) led a group of lawmakers in sending a letter to Treasury Secretary Janet L. Yellen and Secretary of State Anthony J. Blinken urging them to use existing authorities to impose targeted sanctions against individuals responsible for human rights abuses of indigenous and local environmental activists – often referred to as "environmental defenders" – and corruption relating to climate-impacting industries.
The letter, which was co-signed by ten lawmakers, highlights the findings and examples of a Global Witness' report which found that since the signing of the Paris Agreement in 2015, an average of four environmental defenders have been killed every week and even more have been targeted by physical assaults, death threats, sexual violence, arrest and detention without cause, and retaliatory lawsuits.
"Despite their critical role in maintaining captured carbon and protecting critical ecosystems, indigenous and local communities have increasingly had their sovereignty and safety threatened. The rise in incursions into these communities by agribusiness, mining, and other industries across the globe increases the likelihood of serious human rights abuses and directly harms the vital ecosystems protected by these communities," said the lawmakers.
The lawmakers continued, "While the violence, harassment, and treatment of environmental defenders represent serious human rights abuses on their own, the impact of such events extends far beyond the countries where abuses occur: the destruction of habitat and deforestation that often accompanies these human rights violations releases carbon dioxide into the atmosphere, threatens biodiversity, and impedes local and international efforts to protect ecosystems, sequester carbon, and fight the climate crisis. Furthermore, the lack of accountability emboldens perpetrators to continue human rights abuses, pursue additional corrupt dealings, and engage in further destructive climate actions."
The lawmakers requested the Department of Treasury and the Department of State to utilize sanctions as a core part of the Biden-Harris administration's climate change strategy and to consider additional actions, including:
- Examining patterns of growing attacks on environmental defenders and identifying strategic opportunities to use sanctions that include consideration of potential humanitarian impact or adverse effects on the population to change the behavior of the most egregious perpetrators;
- Integrating these sanctions-related activities into the Biden-Harris administration's interagency processes and strategies related to climate change; including development of the plan for protecting the Amazon rainforest and other critical ecosystems as called for in the Administration's Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad;
- Encouraging partner governments with similar sanctions authorities to take a coordinated, multilateral approach to designate appropriate targets;
- Review credible evidence submitted by civil society organizations of human rights abuses of environmental defenders and issuing sanctions designations against those responsible.
The lawmakers concluded the letter by urging the administration to send a clear message that the United States is committed to protecting indigenous rights, dedicated to preserving climate-critical ecosystems, and determined to hold accountable those responsible for human rights violations and corruption resulting in destructive climate outcomes.
"Indigenous and local communities are leading the global effort to fight climate change, often at great personal risk and sacrifice. Thus, doing what we can to defend them from human rights abuses and destructive climate actions should be at the forefront of American foreign policy efforts to tackle climate change," concluded the lawmakers.
Led by Congresswomen Escobar and Torres, the letter was also co-signed by U.S. Representatives Nanette Diaz Barragán (CA-44), Adriano Espaillat (NY-13), Jared Huffman (CA-02), Pramila Jayapal (WA-07), Zoe Lofgren (CA-19), Alan Lowenthal (CA-47), Jim McGovern (MA-02), Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14), Dina Titus (NV-01), and Juan Vargas (CA-51).
Full text of the letter can be found here.
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Congresistas Escobar y Torres Presentan una Carta Instando a los Departamentos del Tesoro y Estado a Imponer Sanciones Selectivas Contra las Personas Responsables de Abusos de los Derechos Humanos de los Defensores del Medio Ambiente
WASHINGTON – Hoy, las congresistas Veronica Escobar (TX-16) y Norma J. Torres (CA-35) lideraron a un grupo de legisladores en el envío de una carta a la Secretaria del Tesoro Janet L. Yellen y el Secretario de Estado Anthony J. Blinken instándolos a utilizar las autoridades existentes para imponer sanciones selectivas contra las personas responsables de abusos de los derechos humanos de activistas ambientales indígenas y locales, a menudo denominados "defensores del medio ambiente", y corrupción relacionada con las industrias que afectan al clima.
La carta, que fue firmada conjuntamente por diez legisladores, destaca las conclusiones y ejemplos de un informe de Global Witness que encontró que desde la firma del Acuerdo de París en 2015, un promedio de cuatro defensores del medio ambiente han sido asesinados cada semana y aún más han sido blanco de agresiones físicas, amenazas de muerte, violencia sexual, arresto y detención sin causa y demandas de represalia.
"A pesar de su papel crítico en el mantenimiento del carbono capturado y la protección de ecosistemas críticos, a las comunidades indígenas y locales se les ha visto cada vez más amenazadas su soberanía y seguridad. El aumento de las incursiones en estas comunidades por parte del agronegocio, la minería y otras industrias en todo el mundo aumenta la probabilidad de graves abusos de los derechos humanos y daña directamente los ecosistemas vitales protegidos por estas comunidades", dijeron las legisladoras.
Las legisladoras continuaron: "Si bien la violencia, el acoso y el tratamiento de los defensores del medio ambiente representan graves abusos de los derechos humanos por sí solos, el impacto de tales eventos se extiende mucho más allá de los países donde ocurren los abusos: la destrucción del hábitat y la deforestación que a menudo acompaña a estas violaciones de los derechos humanos libera dióxido de carbono a la atmósfera, amenaza la biodiversidad y la falta de rendición de cuentas anima a los perpetradores a continuar con los abusos de los derechos humanos, perseguir tratos corruptos adicionales y participar en nuevas acciones climáticas destructivas".
Las legisladoras solicitaron al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado que utilizaran las sanciones como parte central de la estrategia de cambio climático de la administración Biden-Harris y que consideraran acciones adicionales, incluyendo:
- Examinar los patrones de crecientes ataques contra defensores del medio ambiente e identificar oportunidades estratégicas para usar sanciones que incluyan la consideración de posibles impactos humanitarios o efectos adversos en la población para cambiar el comportamiento de los perpetradores más atroces;
- Integrar estas actividades relacionadas con las sanciones en los procesos y estrategias interinstitucionales de la administración Biden-Harris relacionadas con el cambio climático; incluido el desarrollo del plan para proteger la selva amazónica y otros ecosistemas críticos como se pide en la Orden Ejecutiva de la Administración para abordar la crisis climática en el país y en el extranjero;
- Alentar a los gobiernos asociados con autoridades sancionadoras similares a adoptar un enfoque coordinado y multilateral para designar objetivos apropiados;
- Revisar las pruebas creíbles presentadas por las organizaciones de la sociedad civil sobre los abusos de los derechos humanos de los defensores del medio ambiente y emitir designaciones de sanciones contra los responsables.
Las legisladoras concluyeron la carta instando a la administración a enviar un mensaje claro de que los Estados Unidos están comprometidos con la protección de los derechos indígenas, dedicados a preservar ecosistemas críticos para el clima y decididos a responsabilizar a los responsables de violaciones de los derechos humanos y corrupción que resulten en resultados climáticos destructivos.
"Las comunidades indígenas y locales están liderando el esfuerzo global para luchar contra el cambio climático, a menudo con un gran riesgo y sacrificio personal. Por lo tanto, hacer todo lo posible para defenderlos de los abusos de los derechos humanos y las acciones climáticas destructivas debería estar a la vanguardia de los esfuerzos de la política exterior estadounidense para abordar el cambio climático", concluyeron los legisladores.
Dirigida por las congresistas Escobar y Torres, la carta también fue firmada conjuntamente por Representantes Estadounidenses Nanette Díaz Barragán (CA-44), Adriano Espaillat (NY-13), Jared Huffman (CA-02), Pramila Jayapal (WA-07), Zoe Lofgren (CA-19), Alan Lowenthal (CA-47), Jim McGovern (MA-02), Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14), Dina Titus (NV-01) y Juan Vargas (CA-51).
El texto completo de la carta se puede encontrar aquí.
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